OCHO LECCIONES DE LA PANDEMIA PARA LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

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Si algo nos ha enseñado la COVID-19 es la necesidad de gestionar la incertidumbre, una característica del mundo de hoy. En tiempos de rápidos cambios al frente de las políticas educativas necesitamos gobiernos que aprendan y se adapten. La gestión educativa, de los gobiernos y de los centros educativos, pero también la sanitaria y social de esta pandemia nos muestran algunas claves para pensar en el futuro que viene. Aquí planteo ocho ideas, en su mayoría cosas que ya sabíamos pero que no podemos ignorar por más tiempo. 

  1. La equidad como prioridad. La brecha de desigualdad social en la educación, que ya estaba ahí pero que esta crisis ha sacado a luz y exacerbado, nos obliga a poner en el centro la equidad como objetivo fundamental de la escuela y de las políticas educativas. Las escuelas acogerán en los próximos años a los hijos e hijas de esta crisis, que es también económica y que va a tensionar nuestra sociedad incrementando las desigualdades, poniendo a prueba su capacidad igualadora.
  2. Gestión de la información y el conocimiento. Estamos viviendo un debate sobre los datos y el rol de la evidencia en la gestión de una pandemia que no es ajeno a la educación. Necesitamos políticas educativas construidas desde una gestión inteligente de la información y del conocimiento, desde una visión real de qué está ocurriendo. Vamos a necesitar usar más y mejores datos y sistematizar y aprender de las experiencias, de qué está funcionando mejor y peor y por qué, generadas en centros educativos y en gobiernos de distinto nivel. Por razones que ojalá no hubieran ocurrido pero esta pandemia ha sido un enorme laboratorio educativo. 
  3. Más cooperación entre administraciones, vertical y horizontal. Los retos sociales no son sólo educativos, y los retos educativos no son sólo escolares. En esta pandemia hemos visto la relación entre salud pública y entorno educativo; entre conciliación y educación; entre pobreza en el hogar, protección social y acceso al aprendizaje; entre escuela, alimentación y salud. Y los obstáculos se han gestionado con éxito mediante la cooperación horizontal y vertical. Horizontal en un doble sentido, entre departamentos o áreas de un gobierno y entre gobiernos del mismo nivel territorial. Como hemos aprendido de las redes de escuelas, una oportunidad de la descentralización es compartir lecciones y aprender entre pares. Y vertical, entre niveles territoriales de gobierno, en sistemas multinivel con distintas responsabilidades en la educación cuyos mecanismos quizás haya que “engrasar”. 
  4. Diálogo y escucha con la comunidad educativa y actores sociales. Enfrentar retos nuevos requiere el aprovechamiento al máximo de la inteligencia colectiva, pero también entender y conciliar, en la medida de lo posible, problemas, intereses y necesidades complejos. Las respuestas más efectivas a esta crisis han sido aquellas que han establecido canales de diálogo con docentes, familias, alumnado y organizaciones sociales.  
  5. Valentía para tomar decisiones y experimentar. Enfrentarse a situaciones nuevas significa plantear soluciones distintas, innovar, experimentar, lógicamente con un cierto nivel de riesgo. Eso que han tenido que hacer tanto gestores educativos como también miles de docentes y directivos de centro para adaptar programaciones, comunicaciones con alumnado y familias o la organización misma de la escuela. 
  6. Transparencia para explicar las decisiones y generar confianza. La COVID-19 nos ha mostrado la importancia capital de comunicar el porqué de las decisiones, sobre todo cuando estas perturban mucho la vida cotidiana. Hemos visto cómo la evolución del conocimiento epidemiológico sobre la pandemia obligaba a modificar con frecuencia decisiones en las escuelas –distancia, uso de mascarillas, tamaño de los grupos, “grupos burbuja”, ventilación-. Vivimos en sociedades formadas y críticas, pero a la vez “infoxicadas”, donde fluye la información y también la desinformación. El sistema educativo lo forman familias, alumnado y docentes, es decir, una proporción muy importante de la sociedad. La eficacia de las medidas, también las educativas, depende en gran medida de que quienes deben aplicarlas comprendan las razones e incluso puedan debatirlas racionalmente. 
  7. Revisar los aprendizajes relevantes, más allá de los instrumentales. Las escuelas físicamente cerradas nos han llamado la atención sobre competencias que hoy son “llave” para el resto, como la alfabetización digital, la gestión y bienestar emocional o la autonomía y la regulación del propio aprendizaje. La educación como derecho significa democratizar los conocimientos y habilidades necesarios para participar en el mundo. No hay, además, como una crisis de salud pública para recordarnos nuestra interdependencia. Estos meses el contexto ha llevado  a nuestras escuelas a hablar de educación para la salud, como derecho y bien público que proteger, de la sostenibilidad ecológica que tan ligada está a nuevas enfermedades, o de una ciudadanía global que enfrenta retos transnacionales. Los gobiernos y las escuelas deben revisar en qué medida sus currículos están adaptados a esta realidad.   
  8. Confianza y apoyo a las escuelas. La flexibilidad para responder adecuadamente a esta situación educativa insólita ha dependido de la autonomía y la capacidad profesional de los centros educativos y sus equipos docentes. Pero eso implica proporcionar información, formación y apoyo que no siempre han tenido antes y durante la pandemia. Y sin olvidar el equilibrio entre autonomía y cohesión del sistema, pues ni todos los colegios tienen las mismas necesidades ni los mismos recursos para responder a ellas y esas brechas también se están abriendo de forma preocupante. Si esta crisis trae transformaciones educativas no podemos permitir que eso signifique que los más desfavorecidos se queden aún más atrás, y ese riesgo está. 

Autor: Álvaro Ferrer

Publicado en La Escuela que viene

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