Un observatorio de la UBA llegó a esa conclusión tras medir la cantidad de normas sobre educación desde el regreso de la democracia. Consideran que se debe a la polarización política.
El período de 2010-2019 fue el de menor actividad legislativa en materia de educación desde el retorno de la democracia en 1983. En la última década se registró una baja significativa en la cantidad de leyes educativas sancionadas por el Congreso.
La conclusión surge de un estudio realizado por el nuevo Observatorio Hacer Educación, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sobre leyes, decretos y resoluciones en materia de educación, ciencia y tecnología que fueron sancionados en los últimos cuarenta años de democracia.
De acuerdo al informe del Observatorio -que dirige Alberto Barbieri, ex rector de la UBA-, la baja considerable en la cantidad de leyes educativas se vincula con la grieta política que existe en el país desde 2008. Según sus autores, faltan los consensos necesarios para lograr reformas que son necesarias.
“La creciente polarización que caracteriza al sistema político argentino desde 2008 impidió la generación de consensos que permitan transformar el sistema educativo. Mientras el mundo cambia a toda velocidad, las transformaciones del sistema educativo llevan una década estancadas”, dijo Barbieri.
La metodología utilizada consistió en estudiar los proyectos que tuvieron trámite en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Los mismos fueron ordenados por décadas a fin de poder ser comparados. La información fue provista por la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara Baja.
El primer dato que se desprende es que, desde 1983, fueron sancionadas un total de 321 leyes educativas, tomando en consideración todos los proyectos legislativos que han sido tratados en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados durante ese período.
De acuerdo al análisis del informe, la legislación educativa guardaría una estrecha correspondencia con la situación política y social del país. Por caso, entre 1983 y 1989, el campo de la educación acompañó y fue fiel reflejo del proceso general de redemocratización. Muchas de las normas mencionan la recuperación de la libertad y los derechos que se perdieron durante la dictadura en las instituciones educativas.
La década de 1990 fue por diferencia la de mayor actividad legislativa. Fue una década de reformas profundas y cuestionadas que cambiaron el sistema educativo. Por ejemplo, se concretó el proceso de transferencia de servicios iniciado en la última dictadura militar, la reforma de la Educación Superior y la introducción del polimodal. En este período también se sancionó la extensión de la obligatoriedad de la educación a 10 años.
En la siguiente década comenzó un proceso de modificación parcial de los cambios experimentados durante los ‘90. Se estableció el fin del polimodal y el retorno al esquema de ciclo primaria-secundaria tradicional; la obligatoriedad de la escuela secundaria; la fijación de un piso mínimo de inversión (como porcentaje del PBI) en educación, ciencia y tecnología; la creación de Universidades nacionales; el establecimiento de un mínimo de 180 días de clase; y la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En cambio, en el siguiente período (2010-2019) y en los primeros años de la nueva década se advierte un progresivo estancamiento en la productividad legislativa, reflejado en la cantidad promedio de leyes sancionadas que cayó abruptamente. En esta etapa predominan decretos y resoluciones que, sin desmerecer su importancia, abordan cuestiones puntuales y no representan un cambio sistémico.
“El informe revela que muchas reformas estructurales implementadas no redundaron en una mejora sustancial en la calidad de nuestra educación. Aún así, no deja de llamar la atención que el estancamiento legislativo sucede en simultáneo con un extendido reconocimiento acerca del estado crítico en el que se halla el sistema educativo argentino”, concluyó Barbieri.
