Qué dicen los especialistas sobre los cambios que propone la Ley Ómnibus en materia educativa.
Desfinanciamiento, aranceles para extranjeros no residentes que quieran estudiar en las aulas argentinas y exámenes para los estudiantes al finalizar el secundario son algunos de los puntos que pretende modificar en materia educativa el proyecto de Ley Ómnibus. Son sólo parte de los lineamientos que en ese rubro contiene el mega proyecto que se está debatiendo en comisiones en la Cámara de Diputados.
El paquetazo apunta a reformular varios artículos de las leyes de Educación Nacional y de Educación Superior y entre las iniciativas más polémicas abre la puerta para el reemplazo del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA por un examen de ingreso y, hasta ahora, sugería con una redacción especialmente ambigua la posibilidad de incorporar sistemas semipresenciales, incluso en el nivel primario.
“Hasta ahora”, porque hoy en el marco de las jornadas de debate en Diputados el secretario de Educación Carlos Torrendel tuvo que expuso algunas aclaraciones, o quizás una contramarcha, en respuesta a las alarmas que encendieron las conversaciones sobre homeschooling. Anticipó que su cartera impulsará modificaciones de algunos artículos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y desmintió que la política educativa de Javier Milei esté contemplando ese método que otorga la potestad a los padres de educar a sus hijos en sus casas, como sí parecía darlo a entender el texto del proyecto con la propuesta de adoptar sistemas semi presenciales en el nivel secundario y primario.
Vaciando las aulas
La educación, como otras áreas, es objeto de disputa para la propuesta de reforma del gobierno de La Libertad Avanza, un paquete de normas, con más de 664 artículos para ser tratado durante el período de sesiones extraordinarias, con el que se pretende ajustar el Estado, declarar la emergencia pública y delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por por lo menos dos años. Bajo el diagnóstico de emergencia pública que abarcaría también a la educación, las propuestas de la ley ómnibus en ese aspecto responden a justificar la profundización del desfinanciamiento educativo, objetivo confesado incluso en forma de promesa de campaña de degradar el Ministerio a Secretaría.
“El proyecto de ley hay que analizarlo en el contexto del ajuste fiscal que ya se está implementando. En lo que respecta al financiamiento educativo, la reducción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y la eliminación de la obra pública, que incluye la construcción de escuelas, van a impactar en la reducción de los fondos para la educación“, analiza Myriam Feldfeber, Profesora e investigadora de la UBA especialista en educación.
El proyecto de Ley Ómnibus mantiene el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo pero incorpora un artículo en el que se señala que los acuerdos sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y carrera docente quedarán en manos de cada una de las provincias. Esto, como explica Feldfeber, tiene el efecto de dejar “relegada la responsabilidad del Estado Nacional en la garantía del derecho a la educación y eso agudiza las desigualdades entre las provincias”.
“Corren al Estado nacional de su rol ordenador y dejan a cada jurisdicción a su suerte. Bajar el rango a Secretaría obedece a ese desdibujamiento del lugar del estado nacional”, apunta la pedagoga Roxana Perazza, integrante del grupo de reflexión sobre educación Conversaciones necesarias, que acaban de dar a conocer una declaración al respecto.
La libertad de educar en casa
La Ley de Educación Nacional permite los estudios a distancia sólo a partir de los 18 años, mientras que la ley ómnibus prevé que los estudios “híbridos como alternativa a la educación presencial”. Es un cambio que, así expresado, da la impresión de abrir la puerta a implementar el denominado “homeschooling”, que podría comenzar desde el cuarto grado del primario.
En el marco del debate en comisiones, el secretario Torrendel dijo que la propuesta en relación a la presencialidad no es habilitar su eliminación sino la hibridación: “Hemos propuesto algunos cambios al proyecto como llegó en primera instancia, que tienen que ver con precisar que la cuestión clave está en la hibridez. Sin duda la educación presencial es clave, quedó demostrado, pero también es cierto que debe estar progresivamente integrada con el entorno virtual y hay muchas experiencias positivas donde se complementa la educación presencial”.
“Si algo aprendimos en la pandemia, fue la centralidad de la escuela y de su importancia en el proceso de enseñanza y de la construcción del lazo social. Lo importante que es para chicos, chicas y adolescentes la interacción entre pares y con docentes. Lo que necesitamos es fortalecer a la escuela y no al revés”, analiza Perazza.
El coqueteo con la posibilidad del homeschooling, una experiencia poco extendida en Argentina, pero que gana cada vez más adeptos en países con fuerte incidencia de grupos ultraliberales y antiderechos, amerita la pregunta de quiénes son los que pueden acceder a ese tipo de servicios. Y más allá de que se termine llevando adelante o no, muestra un “grave problema de concepción sobre la escuela primaria, porque se parte de la idea de que no hay nada de malo en darle a un sector de la población la ‘libertad’ de afrontar la educación de sus hijos con sus propios recursos”, dice Perazza.
Se trata de una modalidad que tiene mucha presencia en algunos estados de EE.UU como reacción a la amenaza que representa la libre portación de armas y las matanzas en colegios. Según explica Perazza “es la forma que las familias que tienen los recursos encontraron para afrontar esos contextos en los que las escuelas se vuelven espacios de peligro”. Es decir, surge ante un mal mayor. “En nuestro país las escuelas no son lugares amenazantes, todo lo contrario: son lugares de aprendizaje y cuidado. Si hiciéramos una encuesta, la mayoría de las familias argentinas dirían que quieren fortalecer y mejorar las escuelas y no ‘estudiar en casa’”.
Arancelamiento de las universidades
Para Sandra Carli, profesora de la UBA e investigadora del Conicet especializada en educación, otro de los puntos más preocupantes del megaproyecto es la propuesta de arancelamiento universitario para extranjeros no residentes ya que “vulnera la tradición de gratuidad de las universidades públicas y confirma el pensamiento antiiinmigración y xenófobo que sus funcionarios han venido planteando desde hace años, en las antípodas del derecho a la educación superior”.
En cuanto al financiamiento según matrícula y cantidad de egresados, Carli señala, que esta idea no se corresponde para nada con la tarea del Estado Nacional que “es garantizar la igualdad de oportunidades y las condiciones de acceso, permanencia, graduación y egreso. Es un gobierno que no está interesado en el desarrollo del sistema científico-tecnológico-universitario sino en su achicamiento, de allí que el desfinanciamiento sea el camino que eligen para debilitarlo”.
