La primera infancia en Argentina

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Para cada niño, recursos garantizados.

Inclusión social

En Argentina, la disparidad socioeconómica, regional y entre grandes centros urbanos y zonas rurales impide que todos los niños tengan las mismas oportunidades al nacer y durante los primeros años de vida. A pesar de que en los últimos años mejoraron distintos indicadores económicos y sociales, la pobreza sigue concentrada en la niñez.

En los últimos años se han logrado avances significativos en relación a la primera infancia, pero aún sigue habiendo una gran brecha entre las normas y el ejercicio práctico de los derechos. Desde temprana edad los niños deben contar con un sistema de protección social de calidad. Los desafíos de la primera infancia requieren de un abordaje multidimensional, que considere las áreas de salud, educación, cuidado y protección, entre otras.

La coordinación intersectorial e interjurisdiccional debe fortalecerse para implementar políticas integrales que fomenten el crecimiento pleno con enfoque de equidad. En particular, para los niños de 45 días a 3 años es importante evitar la creación de sistemas partidos entre educación inicial y cuidado, que por lo general resultan en una atención diferenciada según sectores socioeconómicos. Los servicios para la primera infancia deben contemplar varias dimensiones (supervivencia, crecimiento, desarrollo cognitivo, social, físico y afectivo), tanto si dependen de las áreas sociales como educativas. En ambos casos, la cobertura y la calidad son un desafío.

El Estado debe garantizar coordinación, estándares de calidad, formación acorde y una transición entre estos servicios y la educación formal. Así, todos los niños y niñas pueden gozar de sus derechos, sin importar en qué institución estén. Ampliar la oferta de servicios sin resignar calidad y garantizar el acceso de las familias más vulnerables es todavía una tarea pendiente. También lo es asegurar ingresos suficientes para la primera infancia, ampliar la cobertura y extensión de las licencias y promover cambios culturales que transformen las prácticas de crianza y consigan redistribuir más equitativamente los roles al interior del hogar. El pleno desarrollo de una persona no debería depender del hogar donde nace.

Por eso UNICEF trabaja junto al gobierno, la sociedad civil, el sector privado, los padres y cuidadores, las comunidades y otras contrapartes para promover el desarrollo integral de la primera infancia en Argentina. Los desafíos de la primera infancia requieren de un abordaje multidimensional. Ampliar la oferta de servicios sin resignar calidad y garantizar el acceso de las familias más vulnerables es todavía una tarea pendiente.

En Argentina la pobreza está infantilizada. La situación se ha profundizado a pesar de que en los últimos años mejoraron distintos indicadores económicos y sociales. El 30% de los niños son multidimensionalmente pobres pero, en la primera infancia, el porcentaje sube a 34,4%. Este promedio nacional, además, esconde una gran desigualdad.

La probabilidad de un niño que reside en una provincia del noroeste de sufrir privaciones es 6,5 veces mayor que la de un niño de la ciudad de Buenos Aires. La probabilidad de que un niño viva situaciones de pobreza infantil es 10 veces superior si sus padres sólo completaron la primaria que si sus padres completaron la educación superior. La desigualdad también se manifiesta en el acceso al sistema de protección social de niños y niñas, a pesar del crecimiento en la inversión dirigida a la niñez en los últimos años. Un 25% no accede a ningún beneficio de la seguridad social; el porcentaje incluye un millón y medio de chicos que no reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) pese a cumplir con los requisitos. Esta situación se agrava entre los niños del quintil de menores ingresos, donde el 27% no accede a ninguna forma de protección económica.

 La inversión social, incluida la dirigida a la niñez, ha sido una de las principales prioridades de Argentina en los últimos años, tanto a nivel nacional como provincial. En 2014 la inversión social representó más de la mitad de todo lo invertido por la administración nacional, y la inversión en niñez alcanzó el 3,3% del producto interno bruto. La disponibilidad de información de calidad a nivel nacional y provincial, imprescindible para definir mejores políticas públicas, es todavía insuficiente. Recomendaciones

 Para lograr el acceso universal a la protección social de la primera infancia, un sistema de medición continua de la pobreza infantil es clave. Este sistema debe tener en cuenta todos los determinantes de la pobreza y su multidimensionalidad, con datos desagregados por provincia, grupo de edad y género. Es necesario también asegurar mecanismos de coordinación entre los distintos sectores, que permitan implementar respuestas integrales y brindar un acceso efectivo a la protección social.

Hay que incluir a todos los grupos poblacionales: los hijos e hijas de trabajadores autónomos, monotributistas, informales y los migrantes. También debe expandirse la cobertura del Certificado Único de Discapacidad a todos los niños y niñas con discapacidad y asegurar el registro inmediato de los nacimientos.

Es fundamental contar con instrumentos de monitoreo, análisis y planificación de la inversión dirigida a la niñez, que permitan asignar mejor el presupuesto y orienten las políticas públicas, tanto a nivel nacional como provincial. Así, se podría tener en cuenta la tendencia, la distribución precisa para las áreas cruciales y la eficiencia e impacto, lo que permitiría valorar los progresos y señalar las debilidades para tomar mejores decisiones.

Para que los niños no se vean afectados en los momentos de desaceleración o decrecimiento económico, es prioritario garantizar los recursos para la inversión social. Además, sería conveniente incrementar en un 10% la participación de la inversión social destinada a la niñez en el gasto público total (a nivel nacional y provincial), apoyando a las provincias más desfavorecidas para mejorar significativamente la equidad de las asignaciones en todo el país. La probabilidad de un niño que reside en una provincia del noroeste de sufrir privaciones es 6,5 veces mayor que la de un niño de la ciudad de Buenos Aires.

Fuente:

UNICEF Argentina

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