Para cada adolescente sus derechos.
Fomentar entornos protectores debe ser la estrategia central de las políticas públicas destinadas a adolescentes. El pleno desarrollo de un adolescente no debería depender del hogar donde nace. Por eso UNICEF trabaja junto a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, las familias y cuidadores, las comunidades, otras contrapartes y aliados clave para promover políticas públicas que contribuyan al desarrollo integral de los y las adolescentes en Argentina, específicamente para garantizar los siguientes derechos:
Derecho a la Inclusión Social. Derecho a la Salud. Derecho a la Protección Frente a la Violencia. Derecho a la Justicia. Derecho a la Educación. Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Derecho a la Protección Frente al Trabajo Infantil. Derecho a la Participación.
En Argentina los niveles de pobreza afectan de forma significativa a la niñez en general y a la adolescencia en particular. Según datos oficiales la incidencia de la pobreza alcanza a 1 de cada 3 habitantes pero casi a 1 de cada 2 adolescentes. El nivel de las privaciones no es homogéneo en el país: la pobreza alcanza a 1 de cada 3 adolescentes en el sur del país pero a 1 de cada 2 en el NEA, Cuyo y Centro. La desigualdad también se manifestó en al acceso a la protección social. Si bien la Asignación Universal por Hijo alcanzó a un millón de adolescentes entre 12 y 17 años, a partir de los 13 años los niveles de cobertura tienden a descender y esto se acentúa en la población de 16 y 17 años.
Las deficiencias de diseño y de llegada de la política pública dejan expuestos a riesgos sociales y económicos a un grupo grande de adolescentes. Diferentes estimaciones muestran que la condicionalidad educativa, aunque contribuye a mejorar las trayectorias educativas de los adolescentes insertos en el sistema escolar, no resulta suficiente para atraer a adolescentes más vulnerables que todavía están fuera del sistema educativo.
Una gran parte de las adolescentes se ven afectados debido a la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado que socialmente se les asigna: 2 de cada 3 jóvenes (15-29 años) que ni estudian ni trabajan (los mal denominados ni-ni) son mujeres que están realizando este trabajo invisibilizado y no remunerado de cuidado. Entre las mujeres, un 42,1% dejaron de trabajar o estudiar por esta razón, frente al 12,9% de los varones.
La inversión social del Estado Nacional dirigida a la niñez entre 0 y 18 años alcanzó en 2014 al 2,8% del PIB: una proporción dos veces más alta que los registrados 20 años antes. Dentro de estas prestaciones los datos disponibles no permiten identificar con precisión los recursos destinados a la adolescencia como grupo de edad, si bien muchas de las políticas identificadas en la medición abarcan a los adolescentes·
RECOMENDACIONES
· Generar información específica, disponible y actualizada, en términos de la inversión pública destinada a la adolescencia, así como datos permanentes que den cuenta de la pobreza que enfrentan los adolescentes desde una perspectiva multidimensional.
· Identificar y generar espacio fiscal para que, a través de la AUH y políticas de protección social, sacar de la indigencia a los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes.
· Discutir el efecto y la dirección de las corresponsabilidades establecidas en la AUH, fundamentalmente en materia educativa.
· Incluir en los esquemas de transferencias monetarias a los adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales.
· Garantizar una oferta de servicios de cuidado de calidad que permita a las adolescentes madres y padres continuar con sus estudios (asistir a clases, contar con tiempo para realizar las tareas escolares, estudiar para los exámenes, etc.).
· Desarrollar un esquema de licencias específico para los adolescentes con hijos, que contemple todas las necesidades del embarazo y del cuidado (asistir a controles médicos, amamantar, el cuidado de los hijos cuando enferman, etc.) sin afectar la inserción escolar.
· Ante cualquier iniciativa propuesta, incorporar una mirada de género que tome en cuenta las vulnerabilidades específicas que afectan a las adolescentes, sobre quienes recaen de manera desigual las cargas de cuidado, y promover una redistribución más justa de dichas tareas.
· Seguir fortaleciendo los mecanismos y espacios de participación de las y los adolescentes; en particular, en aquellos que tienen alto impacto en su bienestar futuro como la asignación de presupuestos sensibles a la niñez y adolescencia en los niveles sub nacionales de gobierno.
Derecho a la Educación:
La educación secundaria es obligatoria en Argentina desde la Ley de Educación Nacional 26.206 de 2006 y cerca de 4 millones de adolescentes asisten al nivel secundario. A su vez, las tasas de asistencia superan el 80% en ambos ciclos de la escuela. Sin embargo, cerca de 500.000 chicos y chicas están fuera de la escuela y menos de la mitad de los adolescentes de una cohorte que ingresa a la secundaria logra completarla (45%). En la escuela secundaria hoy, 3 de cada 10 estudiantes transita su escolaridad con sobre edad y esto se debe en gran parte a que han repetido años anteriores o a interrupciones durante su trayectoria escolar previa. Los datos del nivel primario alertan que esta problemática se inicia de forma temprana: entre 15% y 17% de los estudiantes que cursan el último ciclo lo hacen con uno o más años de sobre edad.
La repitencia y el abandono en el nivel secundario son fenómenos que atraviesan principalmente aquellos adolescentes provenientes de los sectores más desfavorecidos de la población. Entre las principales causas del abandono de las y los adolescentes de entre 15 y 17 años se observan: ingreso al mercado laboral (14%); dificultades económicas para sostener la cursada (8,8%); situación de embarazo o de cuidado de algún hermano/hijo menor (11,3%). Se destaca también un grupo significativo de jóvenes (29,6%) que afirmaron haber abandonado la escuela “por no considerarla necesaria o por no gustarle”.
Además de las dificultades vinculadas al acceso, permanencia y terminalidad de la educación secundaria, el nivel presenta desafíos sustantivos para garantizar aprendizajes de calidad: según resultados de evaluaciones nacionales, 7 de cada 10 adolescentes que cursan el último año de la secundaria tienen un desempeño bajo o básico en Matemáticas, y sólo la mitad alcanzan niveles de desempeño satisfactorios o avanzados en Lengua.
Existen hoy en Argentina grandes desafíos y brechas de inequidad vinculadas al acceso, la terminalidad y los aprendizajes entre sectores socioeconómicos, jurisdicciones, y ámbitos urbanos y rurales y tipo de oferta educativa propuesta.
RECOMENDACIONES
· Ampliar y adecuar la oferta educativa para el nivel secundario en el país con el fin de garantizar el acceso al nivel a todas los y las adolescentes. En la actualidad hay una mayor concentración de establecimientos en localidades urbanas que en rurales.
· Fortalecer las políticas educativas en el nivel primario y favorecer la articulación entre este nivel y el secundario, para garantizar una mejor transición de los alumnos entre ambos niveles educativos.
· Desarrollar cambios profundos en la matriz de la escuela secundaria que garanticen más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los adolescentes. Estos cambios requieren de propuestas de enseñanza con mayor interdisciplinariedad y contextualización, focalizadas en el desarrollo de aprendizajes profundos y relevantes. Los nuevos formatos también requieren de cambios en los marcos regulatorios que posibiliten trayectorias escolares diversas.
· Fortalecer las capacidades de los equipos técnicos provinciales en la gestión estratégica de la información con el objeto de fortalecer acciones de planificación y monitoreo.
· Mejorar la oferta de formación específica para el desempeño de funciones de supervisión y dirección en las instituciones educativas.
· Promover mejoras en la enseñanza a través de la formación docente inicial y continua.
· Fortalecer la articulación de la escuela secundaria con otros actores del ámbito de la salud, el trabajo y la cultura para garantizar a los/as estudiantes mejores condiciones de aprendizaje y desarrollo integral.
Fuente:
UNICEF Argentina
