La cifra es alta: 26.000 millones de dólares al valor de 2022. El monto refleja el total de la deuda acumulada en el presupuesto educativo –es decir, la diferencia entre lo que debió invertirse y lo que efectivamente se invirtió– correspondiente al período 2006-2020, según el último informe de la organización Argentinos por la Educación. Esto significa que, mientras la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional estipulan un gasto para la educación equivalente al 6% del Producto Bruto Interno (PBI), en la práctica los fondos asignados distan mucho de cumplir con la normativa.
El valor en dólares (oficial) es una cuantificación de dicha deuda que tiene como objetivo brindar “una visión más precisa, no solamente de los problemas de financiamiento, sino respecto del compromiso real con el mejoramiento del sistema educativo”, argumenta el informe, a la vez que explica que el pago del presupuesto debe repartirse entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Sin embargo, desde 2006 que no se especifica cuánto debe aportar cada uno.
“Lo que llamamos ‘deuda’ es la diferencia entre lo que se debería gastar en educación por ley y lo que se ejecuta efectivamente”, explica Martín Nistal, coordinador de investigación de Argentinos por la Educación y economista. “Las metas fueron progresivas: en 2006 se tenía que invertir el 4,7%; en 2007, el 5%, y así sucesivamente. Entre 2010 y 2013 la meta era llegar al 6% de gasto en educación, ciencia y tecnología. Y de 2014 en adelante, esa cantidad sería exclusiva de educación”, detalla Nistal. Sin embargo, en 12 de los 15 años del período estudiado las metas presupuestarias quedaron lejos de lo estipulado.
“No podemos saber qué destino tuvo ese monto [excedente] durante todos estos años, pero sí sabemos que, salvo en tres ejercicios, no hubo ajuste fiscal, o sea, hubo una política monetaria expansiva que optó por desobedecer el mandato establecido por la ley”, afirma Mariano Narodowski, académico asociado a Argentinos por la Educación y exministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires.
Los presupuestos otorgados y ejecutados en 2009, 2013 y 2015 son las únicas tres excepciones al incumplimiento. Esto significa que a lo largo de cuatro períodos presidenciales, la inversión anual en educación no alcanzó el porcentaje estipulado. Los datos también establecieron que en 2019 (841.000 millones), 2018 (751.000 millones) y 2020 (570.000 millones) se contrajo la mayor cantidad de deuda expresada en pesos constantes: es decir, precios comparables entre los años corrigiendo los valores de inflación. “$100 en 2006 valen más que $100 en 2020. Entonces, se corrige todo por la inflación para saber si lo que se debía en, por ejemplo, 2020 ‘vale’ más o menos que en otros años”, aclara Nistal.
Consecuencias
¿Qué consecuencias tangibles provoca esto en la educación? “Podría ser cualquier cosa. Subejecutar presupuestos tiene consecuencias de todo tipo, desde salarios más bajos para docentes hasta menos computadoras, menos inversión en infraestructura, etc.”, opina el investigador.
Aplicar el presupuesto establecido por ley es esencial para mejorar la educación. De hecho, como explica Narodowski, los países más exitosos poseen los mayores gastos educativos por alumno. “Por eso se trata de una deuda que tiene que repararse cuanto antes: los gobiernos deben establecer un plan para pagarla en el menor tiempo posible mientras cumplen con la ley”, sostiene el especialista.
Aunque no existe una explicación certera de por qué se invirtió menos plata en este sector, Narodowski expresa su opinión: “La explicación es el brutal desinterés de la clase gobernante por la educación. Si bien hay dirigentes políticos interesados, como conjunto, la actitud de desidia hacia la educación es proporcional al tamaño de la deuda que contrajeron con el futuro de la sociedad”, concluye.
