Las políticas públicas deben trabajar para reforzar la idea de los adolescentes como agentes de cambio.
En Argentina hay más de 5 millones y medio de adolescentes entre 10 a 18 años, que experimentan brechas entre el derecho formal y su ejercicio efectivo según el lugar donde nacen y las características socio laborales de sus hogares. Aproximadamente 1 de cada 2 adolescentes de entre 13 y 17 años vive en situación de pobreza por ingresos monetarios.
Los adolescentes deben contar con un sistema de protección social de calidad, que llegue a todos los que lo necesitan, con un foco específico en las situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión social. La coordinación intersectorial e interjurisdiccional debe fortalecerse para implementar políticas integrales que fomenten el crecimiento pleno con enfoque de equidad.
En el ámbito educativo el Estado debe garantizar que todos los adolescentes se encuentren escolarizados en el ciclo básico, reciban una educación de calidad y finalicen sus trayectorias escolares de forma adecuada. En Argentina medio millón de adolescentes están fuera de la escuela y solo la mitad de los que ingresan finalizan el nivel secundario. El abandono escolar está fuertemente relacionado con el embarazo adolescente y con la inserción temprana en el mercado de trabajo, así como con otros riesgos que pueden conllevar a situaciones de exclusión social.
El abandono escolar tiene graves consecuencias en la historia de vida de cada adolescente y compromete también el capital social del país. El Estado tiene que atender también de manera integral a la salud de los y las adolescentes a través de políticas públicas, desde un enfoque de derechos, de promoción de la salud y de prevención de riesgos específicos (tales como embarazo no planificado, suicidio, consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, alimentación inadecuada), garantizando el acceso a servicios adecuados y la participación de los adolescentes en el sistema de salud.
Las situaciones de vulnerabilidad deben merecer especial atención. Adolescentes en riesgo de exclusión, expuestos a trabajo infantil, migrantes, adolescentes en situación de pobreza, con alguna discapacidad, adolescentes en conflicto con la ley, o adolescentes que han vivido en instituciones estatales por carecer de cuidados familiares deben contar con esfuerzos sostenidos por parte de las instituciones públicas para lograr revertir esas situaciones de vulnerabilidad y garantizar todos sus derechos.
Las políticas públicas deben trabajar para modificar la imagen negativa estereotipada de los adolescentes y reforzar la idea de los adolescentes como agentes de cambio, con potencial para contribuir positivamente en todos los niveles. Aunque Argentina cuenta con un amplio conjunto de leyes e instituciones que promueven los derechos de la niñez en los medios de comunicación, siguen existiendo retos en términos de estigmatización, invisibilidad, su representación y discriminación contra los adolescentes en los medios. Así mismo debe garantizarse el derecho a la participación en todas las esferas. A pesar de que en los últimos años se promovieron nuevos canales de participación para los adolescentes mediante legislación y a través del uso de 18 tecnologías, hoy en día también las posibilidades de participación se ven restringidas según el estrato socioeconómico de cada adolescente.
Los principales retos pendientes son fomentar el ejercicio de la ciudadanía, incluyendo la «ciudadanía digital» de los adolescentes —sobre todo de los más desfavorecidos—, e impulsar la participación social aprovechando las tecnologías y la innovación. La Ley 26.061 establece, en su artículo 47, la creación de la figura del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que debía ser nombrado en un plazo de 90 días posteriores a la sanción de la Ley. Sin embargo, 12 años después el cargo sigue vacante. El Defensor es una figura clave que debe constituir, por un lado, un espacio de control de las políticas públicas destinadas a la niñez y a la adolescencia a nivel nacional. Por el otro, debe ser un ámbito de representación de los NNyA en caso de vulneración de sus derechos.
Además, a nivel nacional, tiene un rol clave en la promoción e incidencia en políticas públicas con el objetivo de garantizar el establecimiento de un piso de garantías de derechos en todo el país. La ausencia de esta figura a nivel nacional, repercute de manera negativa en la eficacia de las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia y constituye una deuda central que debe ser saldada para asegurar el ejercicio de derechos de todas las niñas, niños y adolescentes.
Fuente:
UNICEF Argentina
